Dec. No. 486-12 que crea la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental
(DIGEIG). G. O. No. 10693 del 31 de agosto de 2012.
DANILO MEDINA
Presidente de la República Dominicana


NUMERO: 486-12

 


CONSIDERANDO: Que durante el período electoral la sociedad dominicana demandó de los candidatos presidenciales la suscripción de compromisos para fomentar la ética, la transparencia y combatir la corrupción.


CONSIDERANDO: Que el gobierno dominicano tiene el firme propósito de emprender acciones concretas para honrar los compromisos asumidos que forman parte de sus propias convicciones y también para optimizar el desempeño y los resultados de las intervenciones públicas.


CONSIDERANDO: Que República Dominicana es signataria de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA y de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC).


CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República de 2010 establece la proscripción y condena de toda forma de corrupción en los órganos del Estado y la responsabilidad civil y solidaria de las entidades públicas, sus funcionarios o agentes.


CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto No. 101-05, del 16 de febrero de 2005, el gobierno dominicano creó la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción (CNECC) como entidad Asesora del Poder Ejecutivo en materia de ética y transparencia y estimuló el desarrollo de las Comisiones de Ética Pública, con responsabilidad de revisar y sugerir normativas como medio para garantizar las políticas de promoción de la ética y el combate a la corrupción.


CONSIDERANDO: Que el fortalecimiento del régimen ético y el establecimiento e implementación de un sistema de consecuencias que estimule el cumplimiento de la ley y penalice las conductas inadecuadas resulta indispensable para organizar el funcionamiento de la administración pública, mejorar la gestión y ofrecer servicios públicos de calidad, tal
y como ordena la Constitución de la República.


CONSIDERANDO: Que en respuesta a las demandas de la sociedad, resulta necesario renovar y reafirmar el compromiso de los poderes públicos, en la ejecución de políticas públicas preventivas y reformadoras que contribuyan a elevar los niveles de honestidad, eficiencia y eficacia en la prestación de servicios, reconocer los comportamientos sobresalientes y penalizar las transgresiones al Régimen Ético y Disciplinario de los Servidores Públicos, establecido en la Ley No.41-08, de Función Pública, que han sido fortalecidos constitucionalmente.


CONSIDERANDO: Que se ha evidenciado la necesidad de crear un organismo con independencia administrativa y financiera, que tenga la autoridad y los mecanismos suficientes para realizar investigaciones administrativas en tiempo oportuno y para dar
respuesta a las demandas de la sociedad, ante un hecho de naturaleza improcedente que genere dudas sobre las actuaciones de servidores públicos, o en respuesta a una denuncia o ante el rumor público.


CONSIDERANDO: Que dentro del proceso de racionalización de la estructura organizativa del Poder Ejecutivo, se realizan esfuerzos para organizar y unificar funciones institucionales que, realizadas de manera conjunta, puedan incrementar de manera exponencial los resultados que espera la sociedad.


CONSIDERANDO: Que resulta necesario para la gobernabilidad y para generar y desarrollar capital social, revertir el desapego de la sociedad por lo público, incrementar la confianza interpersonal y fomentar comportamientos éticos en la administración pública.


CONSIDERANDO: Que la sociedad dominicana ha establecido el diálogo como forma civilizada de dirimir y buscar soluciones a los conflictos, en cuyo contexto la “Iniciativa Participativa Anticorrupción” (IPAC) ha constituido una experiencia positiva, en la cual gobierno y sociedad han demostrado que pueden trabajar de manera conjunta en la búsqueda de soluciones.


CONSIDERANDO: Que existen experiencias en la región, de distintos modelos institucionales con responsabilidad de trabajar los temas de educación, prevención de la corrupción, conflicto de intereses, acceso a la información, gobierno abierto e investigaciones administrativas, en el ámbito del Poder Ejecutivo.


CONSIDERANDO: Que la estructura actual de la CNECC ha cumplido la responsabilidad asignada en el Decreto No. 101-05 y sus reglamentos, y se requiere dar continuidad a la labor que desempeña a través de dotarlo de una base legal que le confiera mayor autonomía para exigir y obtener el resultado de una función pública signada por la ética y la transparencia.

 

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