Ley No. 10-04 de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.

EL CONGRESO NACIONAL

En Nombre de la República

Ley No. 10-04

CONSIDERANDO: Que actualmente en la República Dominicana está en marcha un importante proceso de reforma y modernización de las instituciones que conforman el Estado en procura de hacerlas más dinámicas y eficientes;

CONSIDERANDO: Que la Cámara de Cuentas se encuentra inmersa en el aludido proceso, como entidad co-participante del “Programa de Reforma Institucional y Modernización del Congreso Nacional y la Cámara de Cuentas de la República Dominicana”;

CONSIDERANDO: Que uno de los elementos esenciales del proceso de referencia lo constituye la actualización de los fundamentos jurídico-conceptuales y el régimen legal que sirven de soporte cotidiano y estructural a las instituciones aludidas;

CONSIDERANDO: Que la Cámara de Cuentas, como órgano superior de control externo de los recursos públicos de la República Dominicana, es una entidad de dilatada existencia, que actualmente posee un régimen legal obsoleto, limitado e ineficaz;

CONSIDERANDO: Que, en consecuencia, en estos momentos se impone, como inaplazable urgencia institucional, la transformación y actualización de la legislación que rige la materia de que se trata, a fin de situarla racionalmente a tono con los avances que se han producido en la sociedad dominicana;

CONSIDERANDO: Que esa necesaria dinámica transformadora de su base legal constituye un imperativo actual inaplazable para el adecuado funcionamiento de la Cámara de Cuentas ante los complejos retos del presente y, en definitiva, frente a los desafíos que comporta el siglo XXI para el desarrollo institucional del país;

CONSIDERANDO: Que importantes sectores de la sociedad dominicana han manifestado recurrentemente su preocupación ante la repetida obsolescencia de la legislación que rige la existencia y el funcionamiento de la Cámara de Cuentas.

VISTOS los Artículos 78, 79, 80 y 81 de la Constitución de la República;

VISTA la Ley número 130, sobre la Cámara de Cuentas, de fecha 2 de diciembre de 1942, y sus modificaciones.

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

 

DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

 

TÍTULO I  OBJETO Y ÁMBITO

 

CAPÍTULO I OBJETO

Artículo 1.- Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer las atribuciones y competencias de la Cámara de Cuentas, instituir el Sistema Nacional de Control y Auditoria, armonizar las normas legales relativas al citado Sistema, identificar las instituciones responsables de aplicarlas y jerarquizar su autoridad, facilitar la coordinación interinstitucional, promover la gestión ética, eficiente, eficaz y económica de los administradores de los recursos públicos y facilitar una transparente rendición de cuentas de quienes desempeñan una función pública o reciben recursos públicos.

CAPÍTULO II ÁMBITO

Artículo 2.- Ámbito. Las disposiciones de esta ley rigen para:

  1. Los poderes públicos, órganos constitucionales y sus dependencias;
  1. Los órganos que conforman la administración pública central;
  1. Las instituciones autónomas y descentralizadas del Estado y sus dependencias;
  1. Las entidades de derecho público creadas por ley o decreto;
  1. Los ayuntamientos municipales, sus dependencias y otras corporaciones edilicias, así como el organismo regulador de los mismos;
  1. Las sociedades o empresas cuyo capital esté integrado, aunque sea parcialmente, por aportes del Estado, los municipios o las instituciones autónomas;
  1. Las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, que recauden, reciban o administren, a cualquier título, recursos públicos, o que estén vinculados contractualmente con el Estado, los municipios o las instituciones autónomas.

Artículo 3.- Recursos públicos. Para los fines de la presente ley, se entenderá por recursos públicos la totalidad de los bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y derechos que pertenezcan al  Estado o a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan, incluyendo los provenientes de préstamos, donaciones y entregas que, a cualquier título, realicen a favor de aquellas personas naturales, jurídicas u organismos nacionales o internacionales.

Párrafo I.- Queda expresamente establecido que los recursos públicos no pierden su calidad de tales por el hecho de ser administrados por personas físicas, corporaciones, fundaciones, sociedades civiles, compañías comerciales y otras entidades de derecho privado, cualquiera que hubiere sido o fuere su origen, creación o constitución.

Artículo 4.- Servidor público. Para los propósitos de esta ley, se entiende por servidor público todo dignatario, autoridad, funcionario o empleado que preste sus servicios en forma remunerada o gratuita en instituciones del Estado, mediante cualquier modalidad de elección, designación, relación o vínculo legal.

TÍTULO II SISTEMA NACIONAL DE CONTROL Y AUDITORÍA

 

CAPÍTULO I  INSTITUCIÓN Y ELEMENTOS

Artículo 5.- Institución. Se instituye el Sistema Nacional de Control y Auditoría que comprende el conjunto de principios, normas y procedimientos que regulan el control interno institucional y el control externo de la gestión de quienes administran o reciban recursos públicos en entidades sujetas al ámbito de acción de esta ley, con el propósito de lograr el uso ético, eficiente, eficaz y económico de tales recursos y, además, con el debido cuidado del ambiente.

Artículo 6.- Jerarquía. La Cámara de Cuentas es el órgano superior del Sistema Nacional de Control y Auditoría. En tal virtud tendrá facultad para emitir normativas de carácter obligatorio, promover y alcanzar la coordinación interinstitucional de los organismos y unidades responsables del control y la auditoría de los recursos públicos y formular un plan nacional tendente a esos fines.

Artículo 7.- Elementos del Sistema. El Sistema Nacional de Control y

Auditoría estará integrado por:

  • El control externo. Éste consiste en el examen profesional, objetivo, independiente, sistemático y selectivo de evidencias, efectuado con posterioridad a la actuación o gestión de los administradores públicos, de las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, sujetas a esta ley. Corresponde a la Cámara de Cuentas la rectoría de este control;
  • El control interno. Éste consiste en el conjunto de planes, estrategias, sistemas, normas y procedimientos establecidos para proteger los recursos públicos, alcanzar sus objetivos con ética, eficiencia, eficacia, economía y debido cuidado del ambiente, y asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes y la confiabilidad en la información gerencial, así como facilitar la transparente rendición de cuentas de los servidores públicos. Este control está a cargo de la Contraloría General de la República y de sus unidades de auditoría interna, dentro del ámbito de su competencia;
  • Control legislativo. Corresponde al Congreso Nacional ejercer la fiscalización de los recursos públicos en base, entre otros, a los informes presentados por la Cámara de Cuentas, de conformidad con las normas constitucionales y esta ley;
  • Control social. La sociedad dominicana a través de sus entes auténticamente conformados y con representación legítima, tiene el derecho y la obligación de contribuir con los organismos de control externo e interno y con los especializados en la prevención e investigación de la corrupción, para que los recursos públicos sean utilizados dentro del marco de la ley, con transparencia, eficiencia, eficacia y economía. Para tal efecto, los organismos públicos deberán facilitarle la información pertinente y la asesoría y mecanismos de coordinación, dentro del marco de su competencia.

Párrafo.- A los fines indicados en el acápite anterior, las organizaciones de la sociedad civil tendrán acceso a la Cámara de Cuentas para canalizar sus observaciones y sugerencias.

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