Reglamento sobre la autorización judicial para la vigilancia e interceptación electrónica de comunicaciones.

Reglamento sobre la autorización judicial para la vigilancia e interceptación electrónica de comunicaciones.

Dios, Patria y Libertad República Dominicana

 

 


En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Jorge A. Subero Isa, Presidente; Rafael Luciano Pichardo, Primer Sustituto de Presidente; Eglys Margarita Esmurdoc, Segundo Sustituto de Presidente; Hugo Álvarez Valencia, Edgar Hernández Mejía, Margarita A. Tavares, Julio Ibarra Ríos, Enilda Reyes Pérez, Julio Aníbal Suárez, Víctor José Castellanos Estrella, Ana Rosa Bergés Dreyfous y Pedro Romero Confesor, miembros, asistidos de la Secretaria General, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 13 de noviembre del 2003, años 160° de la Independencia y 141° de la Restauración, dicta en Cámara de Consejo, la siguiente resolución: Visto el artículo 8, literal j, numeral 9 de la Constitución de la República; el artículo 29 de la Ley 821 sobre Organización Judicial; el artículo 14 de la Ley 25-91, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia; la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 1948; la Convención Americana de los Derechos Humanos, del 1969; el artículo 337 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97; el artículo 367 y siguientes del Código Penal; la Resolución 36-00 del 19 de diciembre del año 2000 del Instituto Dominicano para las Telecomunicaciones (INDOTEL);

CONSIDERANDO, que la Suprema Corte de Justicia tiene dentro de sus atribuciones la de velar por el buen desenvolvimiento de las labores de los tribunales de la República;

CONSIDERANDO, que en virtud de lo establecido por el artículo 29-2 de la Ley 821 sobre Organización Judicial, es deber de la Suprema Corte de Justicia determinar el procedimiento judicial que deberá observarse en los casos ocurrentes, cuando no esté establecido en la ley, o resolver cualquier punto que para tal procedimiento sea necesario;

CONSIDERANDO, que la Suprema Corte de Justicia está investida de la facultad de crear reglamentos para la aplicación de normas de carácter legal cuando la disposición a aplicar no establezca pautas que hagan viable su aplicación;

CONSIDERANDO, que actualmente en el país no está reglamentado el procedimiento para la obtención de pruebas, mediante la interceptación telefónica, derivada de indagatorias relacionadas con actos violatorios a la ley penal que antecedan al apoderamiento de los tribunales encargados de conocer el fondo del asunto;

CONSIDERANDO, que el principio establecido en la Constitución de la República, en su artículo 8, literal j), numeral 9, consagra la inviolabilidad de la correspondencia y demás documentos privados, los cuales no podrán ser ocupados ni registrados, sino mediante procedimientos legales en la sustanciación de asuntos que se ventilen en la justicia, lo que deberá entenderse en el sentido de que la referida privacidad sólo podrá ser vulnerada por disposición de un juez cuando exista causa probable en contra del ciudadano, más no así cuando se trate de una acción tendente a violar el estado de privacidad, por cualquier medio, en los casos extraños a la sustanciación del proceso judicial. Para estos fines se considerará que el proceso judicial se inicia desde el momento en que el juez de instrucción autoriza la interceptación;

CONSIDERANDO, que la República Dominicana es signataria de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, cuyo artículo 12 declara que nadie será objeto de intrusiones arbitrarias en su vida privada, su familia, al tiempo de señalar que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales intromisiones o amenazas;

CONSIDERANDO, que la República Dominicana es signataria de la Convención Americana de Derechos Humanos del 1969, cuyo artículo 11 consagra:

a) El derecho de toda persona a ser respetada en su honra y al reconocimiento de su dignidad;

b) La prohibición de las injerencias arbitrarias o abusivas en la vida privada de las personas

 c) La protección legal debida a toda persona contra tales injerencias o ataques;

CONSIDERANDO, que el Instituto Dominicano para las Telecomunicaciones (INDOTEL), creado mediante la Ley No. 153-98, con la finalidad de regular todos los servicios que se originan en las telecomunicaciones, mediante su resolución No. 36-00 de fecha 19 de diciembre del año 2000, establece sanciones a las compañías prestadoras de servicios de telecomunicaciones cuando ellas permitan interceptaciones sin la debida autorización judicial;

CONSIDERANDO, que el desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación proveen recursos y medios cuya utilización con fines ilícitos exigen del Estado medidas adecuadas y eficaces de control compatibles con el orden público y los derechos de las personas, por lo que toda forma de intervención estatal que afecte derechos fundamentales ha de producirse por una decisión motivada y escrita de autoridad judicial competente;

CONSIDERANDO, que las autoridades encargadas de perseguir las infracciones, de igual forma, deben auxiliarse de estos medios con el propósito de obtener mayor nivel de eficiencia en la aplicación de la ley;

CONSIDERANDO, que los medios probatorios previstos en nuestro Código de Procedimiento Criminal, a fines de establecer la existencia de los hechos imputados a los procesados, resultan insuficientes cuando los infractores se valen de los medios de telecomunicaciones para planificar, dirigir, ejecutar o facilitar sus acciones ilícitas. Por tales motivos,

 

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